Gerardo Ayo, suspendido temporalmente de sus funciones como director de la Kultur Etxea

Gerardo Ayo, director de la Kultur Etxea y el Social Antzokia de Basauri, ha sido cesado cautelarmente de sus funciones de forma temporal. Así lo ha acordado el Ayuntamiento de Basauri una vez finalizada la primera fase de la investigación, relativa a la posible existencia de pagos duplicados percibidos por Gerardo Ayo por parte de la Kultur Etxea y el Departamento de Cultura de Gobierno vasco. Además, el Consistorio ha procedido a la apertura de un expediente disciplinario y trasladará las actuaciones al Ministerio Fiscal para que determine la posibilidad de que hubiera existido una responsabilidad penal.

Según ha informado el ayuntamiento mediante una nota de prensa, el informe de la investigación pone de manifiesto cómo “se cuenta con elementos objetivos para concluir que han existido abonos por duplicados de dos instituciones públicas, Kultur Etxea y Gobierno vasco, por asistencia a ferias de teatro, cuando menos en los ejercicios 2015, 2016 y 2017, por importe de 4.067 euros, acreditadas con documentos físicos obrantes al expediente de información reservada”. Por otro lado, se expone el indicio de que “entre 2007 y 2014, presuntamente pudo recibir también importes duplicados en cantidad indeterminada y que como máximo alcanzaría los 26.036 euros, si bien durante estos años no se puede determinar con precisión por cuanto Gobierno vasco no desglosaba entre los importes abonados en concepto de indemnización por gastos por asistencia a ferias o retribuciones por visualización de espectáculos”.

Por su parte, el Ayuntamiento de Basauri ya ha dado cuenta de las conclusiones del informe como de la adopción de medidas tanto a los grupos políticos como al directo de la Kultur Etxea, siguiendo así con la política de transparencia emprendida por el equipo de gobierno desde que iniciara el expediente con el objetivo de depurar las oportunas responsabilidades. Desde la Administración local también han querido recordar que, tal y como señala el instructor en el propio informe, “cualquier información no contrastada que se facilite públicamente puede afectar a los derechos fundamentales al honor, intimidad y a la imagen de la persona afectada, ya que aún cuando existan indicios de responsabilidad, como cualquier ciudadana, está amparado por la presunción de inocencia”.

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