Bilbondo recurre ante los tribunales la modificación de la normativa que impide su ampliación

La propietaria del Centro Comercial Bilbondo, Catalina Islands, ha interpuesto un recurso contencioso administrativo contra la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana aprobada por el Ayuntamiento de Basauri para impedir la ampliación del centro comercial. Una modificación aprobada inicialmente en febrero del pasado año con los votos a favor de EAJ-PNV, PSE y Bildu y la abstención del PP y ratificada después en noviembre.

Además de impedir la ampliación de Bilbondo, la decisión adoptada en el pleno municipal sobre el área de C-2 de Zabalandi también perseguía ofrecer seguridad jurídica al Consistorio ante posibles reclamaciones de indemnizaciones económicas. En este sentido, el texto establece que los 36.976 metros cuadrados ya edificados como suelo de uso comercial y autorizados en el PGOU se consideren en situación tolerada, mientras que los 10.392 restantes no puedan tener uso comercial.

Para entender el proceso es necesario remontarse hasta el año 2000, porque según el PGOU de Basauri, Bilbondo tenía autorizada una edificabilidad máxima de 47.368,92 metros cuadrados, aunque a día de hoy cuenta con 36.976 metros cuadrados. Con posterioridad entra en vigor el Plan Territorial Sectorial de Gobierno Vasco (PTS) y establece en 25.000 metros cuadrados el dimensionamiento máximo de los equipamientos comerciales para Basauri. A pesar de esta normativa, en 2009 el pleno municipal aprueba un Estudio de Detalle para Bilbondo en el que se permite su ampliación. A partir de ahí los recursos interpuestos por la Federación de Comerciantes y Hosteleros de Bizkaia así como la Asociación de Comerciantes de Basauri conllevan a que los tribunales declaren nulo el Estudio al vulnerar el PTS.

Ya en noviembre de 2011, el nuevo equipo de gobierno del PNV deja sin efecto el decreto municipal del año 2010 para que Bilbondo pueda ampliarse y al mismo tiempo se deniega a Eroski la autorización para el inicio de las obras solicitadas. A pesar de que la cooperativa recurrió el decreto a los tribunales, el Contencioso Administrativo lo desestimó. Posteriormente volvió a interponer una reclamación de 6,6 millones de euros por responsabilidad patrimonial, una solicitud también desestimada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

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